A group of seven Nicaraguan journalists exiled in Costa Rica have been unable to renew their identification documents and consider themselves "de facto stateless." They hope to obtain Spanish citizenship, just like their other colleagues banished from home.
An analysis of 89 hours of speeches and interviews made by President Javier Milei during his first year in office revealed the use of more than 4,000 insults toward opponents, the State and the press.
An aggressive new law taxing foreign funding, along with arrests of government critics, signals a deepening authoritarian turn in El Salvador.
Reporter Jocelyn Justin, injured in a gang attack on a hospital in Port-au-Prince, spent several weeks without money while waiting for surgery in Cuba. Press organizations complained that the Haitian government was failing to fulfill its promise to cover his expenses and basic needs.
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President Nayib Bukele is stepping up his offensive against the free press and civil society in El Salvador. In recent weeks, the Salvadoran government intensified its authoritarian streak—passing a law that financially strangles organizations receiving international funding, arbitrarily arresting activists, threatening journalists and embracing increasingly anti-democratic rhetoric.
These measures follow a series of unfavorable news reports and events targeting the government, and spark fear among journalists and human rights defenders.
“When we talk to our Nicaraguan colleagues, they tell us, ‘Where you are now, we once were,’” Hugo Sánchez, freedom of expression rapporteur for the Association of Journalists of El Salvador (Apes, for its initials in Spanish), told LatAm Journalism Review (LJR). “‘And where we are, you will eventually be.’ ”
For journalists, the introduction of the Foreign Agents Law is especially alarming. Better known as the Gag Law, Congress passed the legislation on May 20 with virtually no discussion, either in the legislature or broader Salvadoran society.
By André Duchiade
Picture by Casa Presidencial El Salvador
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President Nayib Bukele is stepping up his offensive against the free press and civil society in El Salvador. In recent weeks, the Salvadoran government intensified its authoritarian streak—passing a law that financially strangles organizations receiving international funding, arbitrarily arresting activists, threatening journalists and embracing increasingly anti-democratic rhetoric.
These measures follow a series of unfavorable news reports and events targeting the government, and spark fear among journalists and human rights defenders.
“When we talk to our Nicaraguan colleagues, they tell us, ‘Where you are now, we once were,’” Hugo Sánchez, freedom of expression rapporteur for the Association of Journalists of El Salvador (Apes, for its initials in Spanish), told LatAm Journalism Review (LJR). “‘And where we are, you will eventually be.’ ”
For journalists, the introduction of the Foreign Agents Law is especially alarming. Better known as the Gag Law, Congress passed the legislation on May 20 with virtually no discussion, either in the legislature or broader Salvadoran society.
By André Duchiade
Picture by Casa Presidencial El Salvador
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*Al final de este artículo figura una actualización de la situación financiera de Justin, recibida el 9 de junio.
Jocelyn Justin está viviendo una pesadilla.
El periodista haitiano está luchando por subsistir en Cuba, pidiendo dinero prestado para comer y pagar la renta, mientras espera una cirugía en la mandíbula inferior que tiene destrozada.
“No estoy comiendo bien y eso empieza a afectar mi salud”, dijo Justin a LatAm Journalism Review (LJR). “Incluso tengo dificultades para ir al baño”.
La serie de eventos que lo llevaron a terminar en la isla comenzaron hace cinco meses, en la víspera de Navidad de 2024 en Puerto Príncipe, Haití. Justin asistió a cubrir la reapertura del Hospital de la Universidad Estatal de Haití –conocido popularmente como Hospital General– cuando una pandilla atacó el lugar.
Dos periodistas perdieron la vida y otros siete, incluido Justin, resultaron heridos. Profesionales de la prensa acusaron entonces negligencia del Ministerio de Salud.
Tras el ataque, Justin fue sometido a una cirugía de emergencia en Puerto Príncipe, pero la gravedad de sus heridas requirieron atención especializada que en Haití no se le puede proporcionar.
Una comisión, integrada por representantes de los profesionales heridos, abogados y un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo, fue formada tras el ataque para vigilar el apoyo a las víctimas. Esta comisión gestionó que Justin, otras dos periodistas y un policía fueran enviados a Cuba para recibir atención médica.
“Instamos al gobierno a que los enviara a Cuba porque sabíamos que era un lugar mejor, porque en Cuba tienen buena sanidad, buenos médicos y es menos caro”, dijo a LJR Guyler C. Delva, secretario general de SOS Journalistes Haiti e integrante de la comisión. “Lo hicieron y estamos complacidos, pero no pensamos que iba a resultar así”.
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*Al final de este artículo figura una actualización de la situación financiera de Justin, recibida el 9 de junio.
Jocelyn Justin está viviendo una pesadilla.
El periodista haitiano está luchando por subsistir en Cuba, pidiendo dinero prestado para comer y pagar la renta, mientras espera una cirugía en la mandíbula inferior que tiene destrozada.
“No estoy comiendo bien y eso empieza a afectar mi salud”, dijo Justin a LatAm Journalism Review (LJR). “Incluso tengo dificultades para ir al baño”.
La serie de eventos que lo llevaron a terminar en la isla comenzaron hace cinco meses, en la víspera de Navidad de 2024 en Puerto Príncipe, Haití. Justin asistió a cubrir la reapertura del Hospital de la Universidad Estatal de Haití –conocido popularmente como Hospital General– cuando una pandilla atacó el lugar.
Dos periodistas perdieron la vida y otros siete, incluido Justin, resultaron heridos. Profesionales de la prensa acusaron entonces negligencia del Ministerio de Salud.
Tras el ataque, Justin fue sometido a una cirugía de emergencia en Puerto Príncipe, pero la gravedad de sus heridas requirieron atención especializada que en Haití no se le puede proporcionar.
Una comisión, integrada por representantes de los profesionales heridos, abogados y un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo, fue formada tras el ataque para vigilar el apoyo a las víctimas. Esta comisión gestionó que Justin, otras dos periodistas y un policía fueran enviados a Cuba para recibir atención médica.
“Instamos al gobierno a que los enviara a Cuba porque sabíamos que era un lugar mejor, porque en Cuba tienen buena sanidad, buenos médicos y es menos caro”, dijo a LJR Guyler C. Delva, secretario general de SOS Journalistes Haiti e integrante de la comisión. “Lo hicieron y estamos complacidos, pero no pensamos que iba a resultar así”.
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La reciente decisión de la Procuraduría General de Colombia que sancionó a nueve militares por el perfilamiento y vigilancia de más de 130 personas, entre ellas al menos 30 periodistas, una vez más provocaron el miedo y el estrés en el periodista Óscar Parra.
El director del medio Rutas del Conflicto, que cubre temas del conflicto armado del país suramericano, volvió a 2020 cuando la revista Semana reveló el caso conocido como “Las carpetas secretas”.
Según la investigación de Semana, unidades de inteligencia del Ejército ejecutaron casos de espionaje de más de 130 personas a través de la recolección masiva e indiscriminada de información para elaborar informes de inteligencia militar a través del uso de herramientas de fuentes abiertas (OSINT). Los perfiles de estas personas contaban con teléfonos, direcciones de trabajo y residencia, correos electrónicos, información de hijos, familiares, colegas, lugares de votación e incluso infracciones de tránsito, reportó Semana.
Los objetivos de estos perfilamientos incluía a periodistas, varios de ellos estadounidenses, pero también líderes sociales, políticos, sindicalistas y oenegés, publicó en su momento Semana.
La información recolectada y las conexiones hechas por el Ejército vinculaban de manera injustificada a periodistas con grupos guerrilleros, según dan cuenta dos USB que son prueba dentro del proceso en la Procuraduría, informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
El equipo de Rutas del Conflicto encontró sus nombres y fotografías entre “las carpetas secretas”.
Por Silvia Higuera
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La reciente decisión de la Procuraduría General de Colombia que sancionó a nueve militares por el perfilamiento y vigilancia de más de 130 personas, entre ellas al menos 30 periodistas, una vez más provocaron el miedo y el estrés en el periodista Óscar Parra.
El director del medio Rutas del Conflicto, que cubre temas del conflicto armado del país suramericano, volvió a 2020 cuando la revista Semana reveló el caso conocido como “Las carpetas secretas”.
Según la investigación de Semana, unidades de inteligencia del Ejército ejecutaron casos de espionaje de más de 130 personas a través de la recolección masiva e indiscriminada de información para elaborar informes de inteligencia militar a través del uso de herramientas de fuentes abiertas (OSINT). Los perfiles de estas personas contaban con teléfonos, direcciones de trabajo y residencia, correos electrónicos, información de hijos, familiares, colegas, lugares de votación e incluso infracciones de tránsito, reportó Semana.
Los objetivos de estos perfilamientos incluía a periodistas, varios de ellos estadounidenses, pero también líderes sociales, políticos, sindicalistas y oenegés, publicó en su momento Semana.
La información recolectada y las conexiones hechas por el Ejército vinculaban de manera injustificada a periodistas con grupos guerrilleros, según dan cuenta dos USB que son prueba dentro del proceso en la Procuraduría, informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
El equipo de Rutas del Conflicto encontró sus nombres y fotografías entre “las carpetas secretas”.
Por Silvia Higuera
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Venezuelan photojournalist Gabriela Oraa was awarded first place by World Press Photo on May 16 in the individual category for the South America region, thanks to her photograph “The Last Hope.”
The image shows Venezuelan opposition leader María Corina Machado greeting a crowd of supporters from the roof of a vehicle, with followers stretching their hands out toward her. The photo, rich in vibrant colors, is named after a phrase that, according to Oraa, she heard over and over from followers: “María Corina, you are our last hope.”
“With rarely granted access in Venezuela,” the jury said, “this photo captures a significant political moment that no other photographer could have documented, highlighting Machado’s connection with her supporters.”
For the third consecutive year, the organization — which recognizes and celebrates the best in photojournalism and documentary photography — has honored a female Venezuelan photojournalist. In 2023, the award went to Fabiola Ferrero, and in 2024 to Adriana Loureiro Fernández.
However, the path has not been easy for any of them in a profession where women remain significantly underrepresented. According to data from Women Photograph, an organization that monitors the representation of women and nonbinary people in the industry, only 21 percent of photographs published in major media outlets in 2023 were taken by women or nonbinary photographers. In 2017, that figure was just 13.4 percent.
The study included outlets such as The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times, The San Francisco Chronicle, The Globe and Mail, Le Monde and The Guardian.
And although World Press Photo has recorded a slight increase in submissions from women, there is still a long way to go to achieve gender parity. For the 2024 edition, some 77 percent of participants identified as men and only 22 percent as women—a 3-point increase from 2021, when 19 percent of entries came from people who identified as women.
By: Katherine Pennacchio
Picture: Jessica Orellana, woman photojournalist from El Salvador, courtesy
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Venezuelan photojournalist Gabriela Oraa was awarded first place by World Press Photo on May 16 in the individual category for the South America region, thanks to her photograph “The Last Hope.”
The image shows Venezuelan opposition leader María Corina Machado greeting a crowd of supporters from the roof of a vehicle, with followers stretching their hands out toward her. The photo, rich in vibrant colors, is named after a phrase that, according to Oraa, she heard over and over from followers: “María Corina, you are our last hope.”
“With rarely granted access in Venezuela,” the jury said, “this photo captures a significant political moment that no other photographer could have documented, highlighting Machado’s connection with her supporters.”
For the third consecutive year, the organization — which recognizes and celebrates the best in photojournalism and documentary photography — has honored a female Venezuelan photojournalist. In 2023, the award went to Fabiola Ferrero, and in 2024 to Adriana Loureiro Fernández.
However, the path has not been easy for any of them in a profession where women remain significantly underrepresented. According to data from Women Photograph, an organization that monitors the representation of women and nonbinary people in the industry, only 21 percent of photographs published in major media outlets in 2023 were taken by women or nonbinary photographers. In 2017, that figure was just 13.4 percent.
The study included outlets such as The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times, The San Francisco Chronicle, The Globe and Mail, Le Monde and The Guardian.
And although World Press Photo has recorded a slight increase in submissions from women, there is still a long way to go to achieve gender parity. For the 2024 edition, some 77 percent of participants identified as men and only 22 percent as women—a 3-point increase from 2021, when 19 percent of entries came from people who identified as women.
By: Katherine Pennacchio
Picture: Jessica Orellana, woman photojournalist from El Salvador, courtesy
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Koos Koster, un periodista holandés de 46 años, llegó a El Salvador en marzo de 1982 por encargo de la empresa de televisión de los Países Bajos IKON.
Tenía asignado hacer un documental que mostrara el contraste de la vida en San Salvador y en zonas rurales donde se vivía el conflicto entre las Fuerzas Armadas del país y el grupo insurgente FMLN. A Koster se le unieron el productor Jan Kuiper, el sonidista Hans teer Laag y el camarógrafo Joop Willemsen, todos de nacionalidad neerlandesa.
El inicio de los 12 años de la guerra civil en El Salvador que culminó con los Acuerdos de Paz de 1992 había comenzado dos años antes. Las autoridades de El Salvador sabían del proyecto periodístico que lideraba Koster y lo veían como uno a favor de la guerrilla del FMLN, según el informe de la Comisión de la Verdad.
Y es que Koster, quien hablaba español y tenía contactos en la región, no tenía mucha simpatía entre las autoridades de El Salvador después de que en 1980 hizo un reportaje sobre los llamados escuadrones de la muerte, que en noción de las autoridades también favoreció al FMLN.
Por eso, el informe de la Comisión de la Verdad señala que la policía de inteligencia empezó a seguir al equipo holandés que producía el documental. Eventualmente, oficiales ordenaron una emboscada por parte de fuerzas del Estado en donde fueron asesinados los cuatros periodistas junto a algunos guerrilleros quienes hacían de guías de periodistas mientras los llevaban a las zonas de mayor conflicto, concluye el informe.
Son 42 años desde el crimen sin que los responsables hayan sido juzgados. Sin embargo, el avance de dos procesos judiciales, uno civil en Estados Unidos y uno penal en El Salvador, podría significar que alguien sea castigado por el crimen.
“Sus muertes han marcado la vida de los dolientes”, dijo Gert Kuiper, hermano de Jan y quien lidera la demanda civil en Estados Unidos, a LatAm Journalism Review (LJR) a través de una abogada del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés).
Por Silvia Higuera
Foto: Fundación Comunicándonos/ Cortesía
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Koos Koster, un periodista holandés de 46 años, llegó a El Salvador en marzo de 1982 por encargo de la empresa de televisión de los Países Bajos IKON.
Tenía asignado hacer un documental que mostrara el contraste de la vida en San Salvador y en zonas rurales donde se vivía el conflicto entre las Fuerzas Armadas del país y el grupo insurgente FMLN. A Koster se le unieron el productor Jan Kuiper, el sonidista Hans teer Laag y el camarógrafo Joop Willemsen, todos de nacionalidad neerlandesa.
El inicio de los 12 años de la guerra civil en El Salvador que culminó con los Acuerdos de Paz de 1992 había comenzado dos años antes. Las autoridades de El Salvador sabían del proyecto periodístico que lideraba Koster y lo veían como uno a favor de la guerrilla del FMLN, según el informe de la Comisión de la Verdad.
Y es que Koster, quien hablaba español y tenía contactos en la región, no tenía mucha simpatía entre las autoridades de El Salvador después de que en 1980 hizo un reportaje sobre los llamados escuadrones de la muerte, que en noción de las autoridades también favoreció al FMLN.
Por eso, el informe de la Comisión de la Verdad señala que la policía de inteligencia empezó a seguir al equipo holandés que producía el documental. Eventualmente, oficiales ordenaron una emboscada por parte de fuerzas del Estado en donde fueron asesinados los cuatros periodistas junto a algunos guerrilleros quienes hacían de guías de periodistas mientras los llevaban a las zonas de mayor conflicto, concluye el informe.
Son 42 años desde el crimen sin que los responsables hayan sido juzgados. Sin embargo, el avance de dos procesos judiciales, uno civil en Estados Unidos y uno penal en El Salvador, podría significar que alguien sea castigado por el crimen.
“Sus muertes han marcado la vida de los dolientes”, dijo Gert Kuiper, hermano de Jan y quien lidera la demanda civil en Estados Unidos, a LatAm Journalism Review (LJR) a través de una abogada del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés).
Por Silvia Higuera
Foto: Fundación Comunicándonos/ Cortesía
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Quando Dom Phillips foi assassinado junto com o indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, na Amazônia, em 5 de junho de 2022, o jornalista britânico deixou um livro inacabado. Durante anos, ele trabalhou em "Como Salvar a Amazônia: Perguntem a Quem Sabe".
Três anos após o crime, um grupo de colegas e amigos jornalistas concluiu o livro em uma demonstração de solidariedade que transformou a tragédia em um projeto coletivo para imortalizar o trabalho de Phillips e Pereira na proteção da Amazônia.
“Acredito que o livro hoje tem uma dimensão maior por conta da repercussão do caso, que trouxe atenção para os enormes desafios que a floresta e seus defensores seguem enfrentando”, disse a ativista Alessandra Sampaio, viúva de Phillips, à LatAm Journalism Review (LJR).
“O título do livro, ‘Como Salvar a Amazônia’, é inquietante pois nem Dom nem Bruno se salvaram”, ela continuou. “E o próprio Dom escreveu que a pergunta não se limita a como, mas por que salvá-la. Me conforta saber que, apesar de tudo, não conseguiram silenciá-lo; na verdade ampliaram o alcance de sua mensagem de esperança sobre como manter a maior floresta tropical do mundo viva.”
O livro, publicado no Brasil e na Inglaterra na semana passada, chega às livrarias dos Estados Unidos em 10 de junho. A equipe de Phillips está procurando uma editora para lançar o livro em espanhol.
Por Marta Szpacenkopf
Foto: Divulgação/Nicoló Lanfranchi
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Quando Dom Phillips foi assassinado junto com o indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, na Amazônia, em 5 de junho de 2022, o jornalista britânico deixou um livro inacabado. Durante anos, ele trabalhou em "Como Salvar a Amazônia: Perguntem a Quem Sabe".
Três anos após o crime, um grupo de colegas e amigos jornalistas concluiu o livro em uma demonstração de solidariedade que transformou a tragédia em um projeto coletivo para imortalizar o trabalho de Phillips e Pereira na proteção da Amazônia.
“Acredito que o livro hoje tem uma dimensão maior por conta da repercussão do caso, que trouxe atenção para os enormes desafios que a floresta e seus defensores seguem enfrentando”, disse a ativista Alessandra Sampaio, viúva de Phillips, à LatAm Journalism Review (LJR).
“O título do livro, ‘Como Salvar a Amazônia’, é inquietante pois nem Dom nem Bruno se salvaram”, ela continuou. “E o próprio Dom escreveu que a pergunta não se limita a como, mas por que salvá-la. Me conforta saber que, apesar de tudo, não conseguiram silenciá-lo; na verdade ampliaram o alcance de sua mensagem de esperança sobre como manter a maior floresta tropical do mundo viva.”
O livro, publicado no Brasil e na Inglaterra na semana passada, chega às livrarias dos Estados Unidos em 10 de junho. A equipe de Phillips está procurando uma editora para lançar o livro em espanhol.
Por Marta Szpacenkopf
Foto: Divulgação/Nicoló Lanfranchi
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El periodista Luis Cheme, de la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte de Ecuador, es corresponsal de un grupo de medios de alcance nacional.
Solía ser empleado de tiempo completo, pero actualmente cobra por cada nota publicada y sin beneficios laborales de ley.
“Nosotros como corresponsales, desde el inicio el acuerdo es [que trabajemos] bajo el sistema de facturación”, dijo Cheme a LatAm Journalism Review (LJR). “No hay relación de dependencia, no hay beneficios de ley, no hay viáticos, nada. Ganas lo que produces y ya”.
En gran parte de Ecuador, el periodismo se ejerce en circunstancias de precariedad laboral, con bajos sueldos, sin prestaciones de ley y en muchos casos sin seguridad social.
De hecho, la inseguridad laboral fue identificada por periodistas como la segunda mayor amenaza a la profesión en Ecuador en 2024, de acuerdo con un nuevo informe de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Este factor se ubicó solo después de la violencia, en el país con el más alto índice de homicidios en la región.
“Nos ha sorprendido de manera muy triste que hay periodistas a los que les pagan entre uno y cinco dólares por una nota periodística”, dijo Susana Morán, de Periodistas Sin Cadenas, a LJR. “Están trabajando sobre todo en la informalidad, sin posibilidad de acceder a un seguro social”.
La mayoría de los trabajadores de la prensa (39.6 por ciento) encuestados por la fundación dijeron ganar menos de 400 dólares al mes, por debajo del salario mínimo en el país, que es de 470 dólares mensuales.
Cheme recibe más que el salario mínimo porque se esfuerza en publicar más de una nota al día, además de realizar reportajes especiales para las ediciones de fin de semana. Trata de que sus artículos sean lo más completos posible, de preferencia con material fotográfico y sobre temas coyunturales, para que sean publicados en portada, o a doble página en interiores, ya que esas notas se pagan a una tarifa más alta, dijo.
Por César López Linares
Foto: Cortesía Periodistas Sin Cadenas
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El periodista Luis Cheme, de la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte de Ecuador, es corresponsal de un grupo de medios de alcance nacional.
Solía ser empleado de tiempo completo, pero actualmente cobra por cada nota publicada y sin beneficios laborales de ley.
“Nosotros como corresponsales, desde el inicio el acuerdo es [que trabajemos] bajo el sistema de facturación”, dijo Cheme a LatAm Journalism Review (LJR). “No hay relación de dependencia, no hay beneficios de ley, no hay viáticos, nada. Ganas lo que produces y ya”.
En gran parte de Ecuador, el periodismo se ejerce en circunstancias de precariedad laboral, con bajos sueldos, sin prestaciones de ley y en muchos casos sin seguridad social.
De hecho, la inseguridad laboral fue identificada por periodistas como la segunda mayor amenaza a la profesión en Ecuador en 2024, de acuerdo con un nuevo informe de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Este factor se ubicó solo después de la violencia, en el país con el más alto índice de homicidios en la región.
“Nos ha sorprendido de manera muy triste que hay periodistas a los que les pagan entre uno y cinco dólares por una nota periodística”, dijo Susana Morán, de Periodistas Sin Cadenas, a LJR. “Están trabajando sobre todo en la informalidad, sin posibilidad de acceder a un seguro social”.
La mayoría de los trabajadores de la prensa (39.6 por ciento) encuestados por la fundación dijeron ganar menos de 400 dólares al mes, por debajo del salario mínimo en el país, que es de 470 dólares mensuales.
Cheme recibe más que el salario mínimo porque se esfuerza en publicar más de una nota al día, además de realizar reportajes especiales para las ediciones de fin de semana. Trata de que sus artículos sean lo más completos posible, de preferencia con material fotográfico y sobre temas coyunturales, para que sean publicados en portada, o a doble página en interiores, ya que esas notas se pagan a una tarifa más alta, dijo.
Por César López Linares
Foto: Cortesía Periodistas Sin Cadenas
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Era uma sexta-feira a três dias do Natal, e, com a redação operando em esquema de plantão, o editor da sucursal do Metrópoles em São Paulo, Fabio Leite, precisava de uma matéria para abrir o site no dia seguinte.
Com o noticiário fraco, decidiu fazer uma aposta. Desde setembro, uma idosa conhecida sua do interior de São Paulo reclamava de descontos mensais não autorizados em sua aposentadoria realizados em nome de uma entidade chamada Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec). Leite já instruíra a aposentada a procurar o INSS para tentar bloquear os saques e reaver o dinheiro, mas as cobranças continuavam.
Ao buscar rapidamente no Google por “Ambec”, o jornalista descobriu no site Reclame Aqui incontáveis contestações contra a associação. O editor mandou então Luiz Vassallo, repórter investigativo do Metrópoles, apurar a história.
“Eu falei, `Vassallo, dá uma olhada nisso, porque, bicho, tá muito estranho`”, afirmou Leite à LatAm Journalism Review (LJR).
Buscas no site do Tribunal de Justiça de São Paulo rapidamente mostraram a existência de mais de 600 processos contra a Ambec – em todo o país, eram mais de 2 mil. Os aposentados diziam não saber por que estavam sendo descontados.
A abundância de pessoas potencialmente lesadas tornava fácil contatá-las para ouvir os seus relatos. Vassallo também descobriu naquela mesma tarde que a Ambec estava em nome de uma auxiliar de dentista, mas havia indícios fortes de que empresários próximos ao Centrão eram os seus verdadeiros proprietários.
“Eu falei, ‘vamos virar isso rápido’”, disse Leite.
Por André Duchiade
Foto 1: Polícia Federal
Foto 2: Rodrigo Freitas/Metrópoles
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Era uma sexta-feira a três dias do Natal, e, com a redação operando em esquema de plantão, o editor da sucursal do Metrópoles em São Paulo, Fabio Leite, precisava de uma matéria para abrir o site no dia seguinte.
Com o noticiário fraco, decidiu fazer uma aposta. Desde setembro, uma idosa conhecida sua do interior de São Paulo reclamava de descontos mensais não autorizados em sua aposentadoria realizados em nome de uma entidade chamada Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec). Leite já instruíra a aposentada a procurar o INSS para tentar bloquear os saques e reaver o dinheiro, mas as cobranças continuavam.
Ao buscar rapidamente no Google por “Ambec”, o jornalista descobriu no site Reclame Aqui incontáveis contestações contra a associação. O editor mandou então Luiz Vassallo, repórter investigativo do Metrópoles, apurar a história.
“Eu falei, `Vassallo, dá uma olhada nisso, porque, bicho, tá muito estranho`”, afirmou Leite à LatAm Journalism Review (LJR).
Buscas no site do Tribunal de Justiça de São Paulo rapidamente mostraram a existência de mais de 600 processos contra a Ambec – em todo o país, eram mais de 2 mil. Os aposentados diziam não saber por que estavam sendo descontados.
A abundância de pessoas potencialmente lesadas tornava fácil contatá-las para ouvir os seus relatos. Vassallo também descobriu naquela mesma tarde que a Ambec estava em nome de uma auxiliar de dentista, mas havia indícios fortes de que empresários próximos ao Centrão eram os seus verdadeiros proprietários.
“Eu falei, ‘vamos virar isso rápido’”, disse Leite.
Por André Duchiade
Foto 1: Polícia Federal
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